La Universidad de El Salvador y la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales respetuosas del Estado Democrático y sobre todo con el compromiso de defender los derechos fundamentales de la población, expresamos nuestra preocupación ante la destitución de funcionarios que representan los últimos límites reales al ejercicio del poder.
Para todos es claro el rotundo apoyo que la población le dio en los últimos comicios, al partido que ahora tiene la mayoría legislativa, que le permite impulsar decisiones como la antes referida, sin necesidad de tomar en cuenta a otras fuerzas políticas; sin embargo, ningún poder debe ser absoluto, eliminar los pesos y contrapesos que son indispensables para evitar los abusos y la arbitrariedad de una persona u órgano, es contrario totalmente a un Estado Democrático.
Es preocupante que la bancada legislativa como primera decisión trascendental, destituya funcionarios por el hecho de no ser sumisos a las decisiones del Presidente, con una muestra desmedida de soberbia y en total abuso del derecho, ya que la destitución se da con dispensa de trámite, sin el debido proceso, sin causas acreditadas, negando absolutamente la garantía de audiencia y defensa que todo ciudadano tiene y nombrando nuevos magistrados de forma antojadiza, fuera totalmente del procedimiento constitucional.
Con las acciones desarrolladas el uno de mayo como a la antigua usanza de los madrugones, se elimina cualquier resabio de control al Ejecutivo y ahora al Legislativo, generándose una concentración absoluta del poder y se abre la puerta para que se pueda producir cualquier violación a los derechos fundamentales de la población, y que los ciudadanos no tengan garantías que les protejan contra los abusos del poder estatal, vulnerándose totalmente la seguridad jurídica.
No solo las destituciones son totalmente nulas, sino también los nuevos nombramientos, ya que ambos se desarrollan fuera totalmente del procedimiento constitucionalmente configurado. La Sala de lo Constitucional se constituye como una restricción real al actuar legislativo y ejecutivo, de tal forma que los ciudadanos tengan una garantía de que sus derechos se harán valer frente al mismo Estado, que quienes ostentan el poder público no pretenderán perpetuarse y ejercerlo en contravención a los derechos, garantías, valores y principios fijados por la carta magna.
El Salvador sufrió una guerra de doce años debido a causas estructurales, muchas de ellas aún persisten, pero la forma de avanzar hacia una sociedad con justicia social no se logrará con el ejercicio abusivo del poder, con la persecución y represión de quién no piensa como el gobierno; no se puede regresar a los tiempos en que los ciudadanos eran reprimidos, torturados, desaparecidos y hasta asesinados por expresar sus opiniones en contra de los abusos del gobierno y exigir sus derechos.
Hacemos el llamado a las nuevas autoridades a que reflexionen acerca del gran compromiso histórico que tienen para con los ciudadanos y ejerzan sus funciones en el marco de los principios democráticos de discusión, negociación y respeto de las competencias de cada uno de los órganos de gobierno.
