Por: Diego Tovar
Jóvenes activistas denunciaron las implicaciones ambientales que tendría para el país, el proyecto Valle El Ángel que se tiene planeado construir al norte de San Salvador, entre Nejapa y Apopa. Las declaraciones fueron hechas durante La Entrevista de la Secretaría de Comunicaciones, el pasado 5 de febrero.
Carlos Flores, representante del Foro del Agua y el Colectivo Salvemos Valle el Ángel, hizo una reconstrucción histórica de los eventos, mencionando que la familia Dueñas aún no ha iniciado la construcción del proyecto Ciudad Valle El Ángel.
Los activistas aseguran que empezaron a trabajar desde 2017 cuando los habitantes de comunidades cercanas a Apopa denunciaron la construcción del proyecto. A partir de esto, investigaron y descubrieron que en el 2015 Marco Fortín entregó un documento de factibilidad a la familia Dueñas para construir el proyecto, en el que comprometía a la institución a entregarle, en ese momento, 200 litros de agua por segundo.
Un año después, ANDA firmó un convenio con los Dueñas en el que la autónoma se comprometía a hacer todos los trámites para que la familia construyera el sistema de agua potable para abastecer el sistema de agua potable de Ciudad Valle El Ángel, para donarlo a ANDA, a cambio la institución le entregará 200 litros por segundo a la empresa para el uso exclusivo de la construcción del proyecto.
“Lo que hizo Fortín (de la administración pasada) y que después fue ratificado por Frederick (Benítez) ya en esta administración, fue hacer una especie de concesión de agua potable; es decir, están privatizando, de facto, el agua del área metropolitana de San Salvador para favorecer a una empresa”, expresó Flores.
A pesar de los esfuerzos de los activistas para que la familia Dueñas no obtuviera el permiso ambiental, la familia presentó el permiso en agosto de 2019 y aseguran que en actual gobierno ANDA les entregó la factibilidad. Los activistas incluyeron a un grupo más amplio de organizaciones de la sociedad civil y conformaron el Colectivo Salvemos Valle El Ángel para prevenir que se construya el proyecto.
Los activistas habían logrado que el Ministerio del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) no entregara el permiso en el 2019. Sin embargo, en 2020, fue entregado. Según Flores esto se hizo “atropellando las leyes y procedimientos” y cuestiona su legalidad.
“(Los activistas) estamos dedicando muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo para evitar que los Dueñas consoliden este proyecto que es, a todas luces, violatorio de las leyes, de la Constitución y de Derechos fundamentales de la gente de El Salvador”, manifestó Flores.
Por su parte, Carlos Blanco, egresado de la Licenciatura en Sociología y miembro de la Alianza contra la privatización del agua, mencionó que con este proyecto no solo afectarían a las comunidades aledañas a la zona que utilizan el agua en su vida diaria, sino que también golpea fuertemente el desarrollo integral de municipios que rodean la zona.
Sobre el convenio entre ANDA y la empresa constructora Urbánica, propiedad de la familia Dueñas, las organizaciones sociales emitieron un recurso de constitucionalidad en 2019. Según Virginia Roque, representante de las Brigadas Ambientales UES y egresada de la Licenciatura en Relaciones Internacionales, esta demanda consiste en que ANDA no tiene la función de dar concesiones de este tipo según el tercer inciso del artículo 103 de la Constitución.
Flores mencionó que las organizaciones de la sociedad civil solicitaron la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para investigar el convenio, pero hasta el momento no se ha creado. Por su parte, Blanco añadió que no hay propuestas por parte de los candidatos políticos para las elecciones de 2021.
Sobre el hecho que el gobierno de El Salvador no firmara el Acuerdo de Escazú, Roque declaró que es un mensaje que manda el país a la comunidad internacional de poca voluntad política por no dar una apertura al acceso de la información y la justicia ambiental.
Puede ver la entrevista en el siguiente enlace:
https://www.facebook.com/UESoficial.SV/videos/323974559017143
Posible, toda actividad anteopigenica tiene efectos, no hay «posible impacto ambiental» hay un impacto y es grande.
Modificación de paisaje
Modificación de ecosistemas
Modificación de corredores biológicos para las especies de animales que ahí viven. Aunado a eso el impacto que implica toda la construcción: se levantará mucho polvo remociones de grandes cantidades de tierra, tala de árboles. Y muchas más, claro que habrá un Enorme Impacto Ambiental
Eso en pocas palabras es estar a la orden de los Millonarios por encima de una población afectada ojalá y No les permitan porque se verá afectado lo que es nuestros mantos acuíferos en lo que respecta al municipio de Quezaltepeque no es justo que sigan con ese proyecto!