Dra. Evelyn Farfan
En primer lugar, hay que decir que ha habido una afectación muy severa de la seguridad jurídica de nuestra población, debido a que día a día se emitían decretos tanto ejecutivos como legislativos. Evidenciamos, a partir de la resolución de la Sala de lo Constitucional, en la cual se decretan inconstitucionales quince decretos: 2 legislativos y 13 ejecutivos, que hemos venido señalando como Universidad de El Salvador desde un inicio los errores legales que se han venido cometiendo en todos estos decretos emitidos por la Asamblea Legislativa y el Órgano Ejecutivo.
Estamos conscientes que enfrentamos una pandemia que tiene connotaciones de carácter mundial y es indispensable tener una normativa adecuada que preste las herramientas necesarias, tanto al órgano ejecutivo, como a las instancias estatales para poder hacer frente a la misma. Sin embargo, debemos de decir que aún dentro de una pandemia, dentro de una emergencia o incluso dentro de un régimen de excepción, ni la democracia, ni el Estado de Derecho, ni la seguridad jurídica de la población están suspendidos.
Por tanto, lo que se requiere es justamente que el legislativo y el ejecutivo se pongan de acuerdo en las disposiciones que son necesarias para atender la pandemia y que den lugar justamente a que la población conozca con certeza cuales son las reglas a las que van a estar sujetos.
Es indispensable que cada uno de los órganos del Estado abandone su actitud de prepotencia y soberbia que se ha visto hasta este momento y que se pongan en función de establecer una normativa que dé la seguridad jurídica a la población, asegure su salud y vida, pero también los demás derechos fundamentales que corresponden a la misma.
Como Universidad de El Salvador hemos venido proponiendo, desde el inicio de la pandemia, que todas las decisiones del gobierno deben estar sobre bases científicas y técnicas que sean comprobables, porque todas las decisiones se han estado tomando a la deriva, sin un rumbo determinado y eso termina afectando no solo la condición de salud de la población, sino también las condiciones que van a quedar posterior a la pandemia.
Tenemos diferentes situaciones que van a generar mucha conflictividad social, que van a generar una cantidad de efectos nocivos y adversos a la población por la falta de un rumbo específico no solo en la atención de la emergencia, sino la forma de cómo se va a reactivar la economía y cómo se va a entrar a lo que hoy se denomina la nueva normalidad.
Se ha vertido por parte del Presidente de la República que la Sala de lo Constitucional ha mandado a matar a miles de salvadoreños, debemos aclarar que esto definitivamente no es cierto, la Sala lo que hace es la determinación justamente de todos los vicios que han tenido los decretos legislativos y ejecutivos que han sido emitidos en el contexto de la emergencia.
Un elemento que es importante rescatar, es que la Sala no elimina totalmente cualquier normativa y deja sin herramientas al ejecutivo como se ha planteado, de hecho se dio una prórroga de la vigencia del decreto 29 y hay elementos fundamentales dentro de la sentencia que nos establecen principios que deben respetarse aún dentro de un régimen de excepción. Por ejemplo, un principio fundamental es el principio donde se requiere el diálogo interinstitucional, hay funciones que están asignadas a la Asamblea Legislativa, al Presidente de la República y al Consejo de Ministros y que estas competencias deben ser respetadas por cada uno de ellos. Además, es importante determinar que se da un mandato a que se dé estas funciones en el ámbito de la colaboración y es importante que los órganos del Estado en este caso demuestren justamente esa voluntad.
Es importante recalcar un elemento que establece el voto concurrente del Magistrado Carlos Sánchez dentro de esta resolución, que hace referencia justamente a que aún dentro de un régimen de excepción no hay habilitación, ni atribuciones otorgadas, ni por la Constitución, ni por las leyes para poder crear un súper poder dentro del órgano ejecutivo que es algo que se ha manejado dentro del ámbito político y social de nuestro país. Hay que tener claro que la Constitución y normativa nacional siguen vigentes y por tanto no podemos estar haciendo referencia a como si hubiésemos vuelto a la etapa de dictadura de nuestro país.
Estos elementos dentro de la sentencia, son importantes que nosotros lo retomemos y que sean retomados por el ejecutivo como por el legislativo a la hora de crear una nueva normativa.
