El 11 de septiembre de 2020 la justicia y la verdad triunfaron en uno de los casos más emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos perpetrados en El Salvador como es la masacre de los padres Jesuitas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la madrugada del 16 de noviembre de 1989.
Una sentencia que implica una luz de esperanza para las víctimas y envía un claro mensaje para que la justicia salvadoreña lleve ante los tribunales al resto de los responsables en la alta cadena de mando militar de la época. Esto sucede mientras en nuestro país se acerca también el inicio de la revisión de los archivos militares en el caso de la masacre de El Mozote a partir del próximo 21 de septiembre.
El mismo día que se conmemoró el 47° aniversario del golpe de Estado al gobierno de Salvador Allende en Chile, por medio de una acción militar encabezada por el General Augusto Pinochet en 1973, la Audiencia Española dictaminó este 11 de septiembre, una histórica condena de 133 años contra el Coronel Inocente Orlando Montano, como uno de los responsables del asesinato de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín-Baró, Segundo Montes, Juan Ramón Moreno, Armando López y Joaquín López y López, en un atentado determinado categóricamente por la justicia española como Terrorismo de Estado y crimen de lesa humanidad.
Es innegable decir que esta condena culmina tras un esfuerzo internacional luego que Montano fuera extraditado de Estados Unidos a España en 2017, señalado como uno de los autores intelectuales de la matanza.
Al respecto, el Juez de Instrucción español, Eloy Velasco, también extendió a las autoridades de El Salvador, la solicitud de extradición del resto de imputados. Pero la Corte Suprema de Justicia de El Salvador denegó dicha solicitud entre las magistraturas de los períodos 2010 a 2016 alegando la imposibilidad en base a una reforma al Artículo 28 de la Constitución del año dos mil que autoriza la extradición de nacionales bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, pero que solo puede ser aplicada posteriormente a su entrada en vigencia. Esta resolución de los honorables magistrados lejos de garantizar a la cooperación judicial internacional y priorizar el derecho internacional, interpuso nuevas barreras a la justicia y abonó una negativa más a la creciente impunidad del crimen.
Ante estos hechos, cabe destacar el esfuerzo de instituciones y organizaciones que durante casi 31 años han acompañado y siguen luchando porque este caso no quede en el olvido. Ahora existen las pruebas y claves suficientes para que la justicia salvadoreña también esclarezca responsabilidades por la muerte de Elba Ramos, cocinera de la residencia de los Jesuitas y su hija Celina Ramos que fueron abatidas por elementos del batallón Atlácatl.
La justicia en el caso de El Mozote
De forma alterna e inédita en un proceso judicial similar que ocurre en el municipio de San Francisco Gotera, Morazán, la verdad se abre paso al momento que serán abiertos los archivos del operativo que arrasó con la población del Cantón El Mozote, La Joya y Los Toriles, ubicados al norte del departamento de Morazán.
El Juez de Instrucción del municipio de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, ordenó la revisión de los archivos militares sobre la masacre El Mozote durante 12 semanas y tiene como propósito encontrar todos los indicios referentes a lo acontecido, según testimonios de sobrevivientes, entre el 9 y 12 de diciembre de 1981, en una operación donde fueron ejecutadas más de mil personas por el Batallón Atlácatl de la FAES, por órdenes superiores.
Los detalles que brindará la revisión de estos archivos será otro paso más por desclasificar la verdad y responder sobre las desapariciones, torturas y ejecuciones de la masacre más cruenta en Latinoamérica bajo el mando de una cadena de poder señalada como responsable de uno de los períodos más oscuros en El Salvador, que aún goza de la protección de quienes han detentado el poder ejecutivo en el país.
Abrir los archivos militares a la justicia salvadoreña es una deuda apremiante que los gobiernos y la Fuerza Armada después de los Acuerdos de Paz han negado a las víctimas pero que ahora a solicitud del poder judicial debe ser cumplida en este caso y en tantos otros que deben ser investigados como la misma Masacre de los Jesuitas, proceso detenido desde noviembre de 2017 en los tribunales salvadoreños.
UES a la espera de la desclasificación de archivos militares
Otro de los casos que se suma a la interminable lista de búsqueda de archivos de la Fuerza Armada, es la información relacionada a las intervenciones y violaciones a los derechos humanos contra la Universidad de El Salvador entre 1970 y 1992 cuya búsqueda fue ordenada por el Instituto de Acceso a la Información Pública en la resolución del pasado 3 de agosto y notificada al Ministerio de la Defensa Nacional para ser entregada en un plazo de 50 días.
La información en estos casos ha sido negada constantemente a la Universidad de El Salvador, que ha trazado un proyecto de justicia restaurativa desde el año 2016 con la misión de recuperar la memoria histórica y conocer los hechos en intervenciones militares, desapariciones y ejecuciones de los cuales fueron víctimas estudiantes, trabajadores y docentes.
El 30 de agosto de 2018, la Universidad de El Salvador presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) un aviso de investigación por el delito de desaparición forzada de miembros de la comunidad universitaria durante el período de 1975 hasta 1989, para su respectiva investigación judicial.
En febrero de 2016 las autoridades universitarias entregaron la primera solicitud de acceso a información al Estado Mayor con el propósito de acceder al archivo de información del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Posteriormente en el año 2017, el Rector, MsC. Roger Arias, crea la Comisión Especial de Investigación de Graves Violaciones a los Derechos de la Comunidad Universitaria que da seguimiento al proceso iniciado en el Instituto de Acceso a la Información Pública en demanda de los archivos militares que estén ligados a los operativos contra la comunidad universitaria.
Otro logro de la Comisión es iniciar junto a Fiscalía General de la República la búsqueda de los estudiantes Raúl Hernández y Carlos Arias en la Plaza Salvador Allende de la Facultad de Medicina, lugar donde, de acuerdo a familiares de las víctimas, fueron sepultados por miembros del movimiento estudiantil en marzo de 1980, luego de haber sido capturados por agentes de seguridad del régimen militar en la sede universitaria de Occidente de la ciudad de Santa Ana y posteriormente ser torturados y asesinados en la carretera Los Naranjos de la zona occidental del país.
Además de los procesos legales impulsados, la UES también ha entregado títulos póstumos a familiares de estudiantes desaparecidos con la intención de reparar a las víctimas.
Las instituciones y organizaciones que luchan por los intereses de las víctimas deben continuar y ser solidarias con este tipo de luchas y procesos abiertos que en el caso Jesuitas, aunque es una condena hecha fuera de las fronteras salvadoreñas hizo eco mundial y demuestra que los autores intelectuales pueden ser juzgados por la justicia salvadoreña, con la esperanza puesta en encontrar la verdad, alejar el olvido e impunidad y llevar justicia a muchos de los casos documentados en el informe de la Comisión de la Verdad de 1993.
