A través de la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias y Humanidades, la Universidad de El Salvador detectó 2 mil 771 violaciones a derechos humanos, a las que brindó asesoría y apoyo de diferentes formas, durante la pandemia por COVID-19, detalla un informe preliminar dado a conocer este 2 de septiembre.
Luego que las autoridades de la UES solicitaron a las 12 facultades trabajar al servicio de la nación para contrarrestar la crisis a consecuencia de la COVID-19 y la cuarentena, la Escuela de Posgrados de Ciencias y Humanidades decidió instaurar la Comisión de Derechos Humanos (CDH), conformada por 21 estudiantes egresados de la Maestría de Derechos Humanos y Educación para la Paz, de los años 2016, 2018 y 2019, con formación en Ciencias Jurídicas, Psicología, Filosofía y Educación.
La comisión determinó que brindarían apoyo en las siguientes áreas: Tutela o atención jurídica, Atención psicosocial, Investigación y educación.
En las primeras dos áreas, expertos atendieron a víctimas de violaciones a derechos humanos durante la pandemia, y la tercera tuvo la labor de crear instrumentos de recolección, vaciado de datos y sistematización de información, el análisis de casos y la generación de campañas de educación en derechos humanos.
Una cuarta área fue la de comunicación, integrada por estudiantes egresados de la Licenciatura en Periodismo de la UES, quienes tuvieron la tarea de difundir estas violaciones en medios alternativos y en redes sociales.
El equipo de CDH-UES conoció de 1 mil 786 víctimas indirectas y 985 directas, de ellas, a 975 se les brindó asistencia; 832 asistencias humanitarias, 22 habeas corpus, 64 casos generales, 49 asistencias psicológicas y 18 asistencias administrativas.
El informe detalla que se encontraron violaciones a los siguientes derechos: a la integridad física, a la propiedad, a conocer su expediente médico, al trabajo, a la vivienda, a un medio ambiente sano, a la salud mental y a la salud física.
También, se violentaron los derechos a la alimentación, a retornar a su país, al debido proceso, a una vida libre de violencia, a la alimentación digna en el albergue y a la libertad ambulatoria.
Contabilizaron 11 casos de desplazamiento forzado y 4 de tortura.
Uno de los contextos más emblemáticos en los que también se brindó asesoría fueron las detenciones ilegales en centros de contención establecidos por el Gobierno, para ello el equipo apoyó en la presentación de 21 habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional.
Asimismo, el CDH conoció que la PNC castigó arbitrariamente a los detenidos sacándolos a sol desde las 11:00 a.m. y en el centro de contención les daban ½ litro de agua para 2 días.
La mayoría de casos detallaron que tuvieron problemas estomacales producto de los alimentos que recibían, además eran castigados con más tiempo en detención ilegal si intentaban escapar o incumplían normas establecidas.
Por otra parte, esta entidad reportó que el derecho a la alimentación fue coartado durante la cuarentena, pues recibió mil 898 solicitudes de alimento (1082 indirectas y 816 directas).
La inseguridad alimentaria en los salvadoreños se debió a “la falta de políticas públicas” que garantizara “la producción, distribución y comercialización de alimentos, que causó daños a los sistemas de producción comunitarios por el abrupto cierre de la economía sin una previa medición del impacto ni estudios de los efectos del mismo a largo plazo”, indica el informe.
Gracias por el apoyo Manuel y equipo de comunicación institucional de la UES