49 años han pasado desde aquel 30 de julio de 1975 en el que las fuerzas armadas masacraron a un número indeterminado de estudiantes de la Universidad de El Salvador.
En conmemoración de esa masacre y en la búsqueda de justicia y reparación, la Universidad de El Salvador realizó el foro denominado “30 de julio de 1975: Los archivos del conflicto armado y el derecho a la verdad”, que contó con la participación del rector de la UES, M.Sc. Juan Rosa Quintanilla; la directora y fundadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (Seattle), Dra. Angelina Snodgrass-Godoy; y del docente, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, y experto en derechos humanos, Dr. José Humberto Morales.
Durante su intervención, el rector Quintanilla se refirió a las acciones que se han realizado desde la universidad en busca de acceso a la verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familias; entre estas acciones, señaló las solicitudes ante la Fiscalía General de la República para que investigue los hechos ocurridos, los avances en las investigaciones; además de gestiones ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para acceder a archivos del Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), así como medidas de reparación al Órgano Ejecutivo para que el excuartel San Carlos sea patrimonio de la UES y un incremento presupuestario para el desarrollo de las funciones de la UES, entre otras.
En ese sentido el funcionario llamó a la necesidad de “sembrar la semilla que permita garantizar que esta universidad continúe contribuyendo al desarrollo de las grandes mayorías del país, que esta universidad continúe abriendo las puertas a muchos jóvenes que no tienen la posibilidad de estudiar en una universidad privada”.
Documentos desclasificados desmientes versión oficial de gobierno ante hechos del 30 de julio de 1975
La directora y fundadora del del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Washington (Seattle), Dra. Angelina Snodgrass Godoy, presentó algunos documentos desclasificados que ahora son de dominio público y que se obtuvieron a través de gestiones realizadas ante instituciones del gobierno estadounidense.
Los documentos son una serie de informes enviados por oficiales de la embajada estadounidense en El Salvador que difieren de la versión oficial del gobierno salvadoreño; además de información proporcionada por el presidente de turno que también es distinta a la versión oficial que el gobierno hizo pública en su momento, entre otros que hacen referencia a esta universidad.
Según los documentos expuestos por la académica, los informes redactados por oficiales de la embajada estadounidense aseguran que se trataba de una manifestación pacífica del estudiantado y que fueron los militares quienes abrieron fuego contra la comunidad universitaria que no estaba armada. Tampoco hay un número certero de los asesinatos de ese día, ya que cada documento tiene un número distinto de las víctimas fatales. Otro aspecto importante que se conoce gracias al análisis de los documentos es que el gobierno salvadoreño justifica la masacre y otras acciones de violaciones a derechos humanos alegando que el país es “blanco de un complot comunista internacional”.
Para Snodgrass, el trabajo de gestión para el acceso a información y los documentos desclasificados, significa “una forma pequeña de tratar de pagar la deuda histórica que tiene Estados Unidos con El Salvador por haber apoyado tanto a instituciones que causaron mucho daño al pueblo salvadoreño”.
En el foro, también se abordó el tema de los mecanismos para el acceso a la justicia transicional, a cargo del docente, director de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la UES, y experto en derechos humanos, Dr. José Humberto Morales.
El experto planteó que luego de finalizado un conflicto o en la transición de una dictadura es necesario establecer y desarrollar medidas de castigo para los perpetradores de crímenes y violaciones a los derechos humanos, restablecer las condiciones sociales que fueron alteradas, que las víctimas que siguen con vida se incorporen nuevamente a las dinámicas sociales, entre otros aspectos.
Para no olvidar los hechos
La marcha de ese día fue en rechazo a que los militares entraron a la sede universitaria en Santa Ana (el Centro Universitario de Occidente) y destruyeron las carrozas y pancartas que el estudiantado usaría como una protesta durante la celebración de las tradicionales Fiestas Julias.
El «show bufo» que estudiantes organizados habrían hecho en esa celebración era una protesta por la apremiante situación social y económica de la población, mientras que el gobierno destinaba dinero para realizar Miss Universo.
En solidaridad con el estudiantado en Santa Ana fue que estudiantes del campus central realizaron una marcha pacífica que fue brutalmente reprimida por los cuerpos militares que abrieron fuego contra las personas manifestantes de la UES.
En ese hecho hubo una gran cantidad de estudiantes que resultados con heridas, detenciones y una cantidad de desapariciones y muertes que aún no se logra determinar. En ese momento fungía como presidente de la República el Cnel. Arturo Armando Molina.
