“Quédate en casa” es la frase mundial más reconocida desde el establecimiento de las medidas sanitarias ante la Emergencia del Covid19 declarada como pandemia el 11 de marzo por la Organización Mundial de la Salud, una frase que se considera una barrera efectiva en la lucha por preservar la vida de los salvadoreños, pero que también desvela la sensible estructura de nuestro modelo de vida, una situación que se repite incluso a nivel de la región y Latinoamérica.
La creciente crisis sanitaria encendió las alarmas del mundo cuando se conoció la severidad del virus en China, epicentro del brote. Los datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, registraban más de 118.000 casos positivos en 114 países y las muertes ascendían a 4,291.
Luego de la declaratoria de la OMS, esa misma semana El Salvador anunció la primera cuarentena domiciliar obligatoria basada en un fuerte componente de seguridad en todo el territorio nacional, aún sin registrar oficialmente un solo caso de contagio y convirtiéndose en la primera nación de Latinoamérica en tomar esa medida que incluyó la prohibición de la entrada al territorio nacional a extranjeros por un período de 21 días.
Entre otras medidas, destinaron centros de contención de cuarentena, lugares que de acuerdo al Decreto 593 de la Declaración del Estado de Emergencia por la Pandemia COVID 19, “debían contar con infraestructura, servicios y condiciones sanitarias adecuadas para garantizar la dignidad y la salud física y mental de las personas sometidas a tal régimen”.
Hasta la fecha la principal apuesta gubernamental para contener los contagios en la segunda fase del virus continúa siendo la extensión de cuarentenas basadas en la premisa del quedarse en casa para evitar contagios masivos, salvar la mayor cantidad de vidas y evitar el colapso del precario sistema de salud.
Sabemos que, en los inicios de la crisis, ningún sistema de salud podía prever una respuesta inmediata a los graves síntomas de un virus caracterizado por su aparente invisibilidad, altos riesgo de contagio y probabilidad de muerte. Lo más evidente del virus es el grave impacto que genera sobre el sistema inmunitario de los pacientes infectados y el caos que puede crear en los países que tienen un débil e improvisado sistema de salud como el nuestro, sistemas de salud abandonados a través de políticas arraigadas al control de un evidente y desgastado modelo neoliberal impuesto por años.
En El Salvador los efectos del virus han provocado también una sintomática y polémica lucha de poderes que complica las garantías constitucionales del derecho universal a la salud y los derechos humanos de la población, bajo una pandemia que amenaza no solo extenderse a nivel sanitario con la desprotección de los profesionales que asisten en los centros de salud, sino también precarizar la situación de pobreza extrema y condiciones dignas de grupos poblacionales con mayor vulnerabilidad económica y de salud.
En esta crisis y ante la pandemia no podemos permitirnos entramparnos en discusiones y falacias desinformativas que no promuevan acciones reales, más bien debemos buscar los consensos y priorizar la garantía en la atención a los pacientes y respetar tanto a quienes atienden en primera línea el sistema de atención a la salud como la dignidad de cada una de las personas pertenecientes a distintos sectores afectados indirectamente por las medidas adoptadas.
El sociólogo portugués, Boaventura de Sousa Santos en su reciente texto denominado, La Cruel Pedagogía de la Pandemia, explica que “cualquier cuarentena es siempre discriminatoria, más difícil para algunos grupos sociales que para otros, e imposible para un vasto grupo de cuidadores, cuya misión es hacer posible la cuarentena para toda la población”, pero existen grupos para los cuales la cuarentena es particularmente difícil.
Para el caso, uno de estos sectores que ha percibido más estragos, es el que conforman mujeres y hombres que generan recursos económicos de ventas ambulantes, en los mercados o en las diferentes avenidas o centros de comercio urbanos, que constituyen una de las formas de sobrevivencia económica a nivel nacional. No podemos negar también que la paralización económica también ha puesto en jaque a empleados de pequeñas y medianas empresas.
Las medidas emitidas también afectaron a salvadoreños que se encontraban en otros países, por motivos de trabajo, estudio, turismo e incluso tratamientos médicos, pero en vista de las restricciones y cierre de las fronteras, ya no pudieron ingresar nuevamente a suelo salvadoreño quedando “varados” en otros países. La Asamblea Legislativa como la Corte Suprema de Justicia han exigido al gobierno central dar respuesta a la situación de desprotección de estas personas sin tener mayor resultado, a pesar de algunos anuncios emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
En estos colectivos también podemos incluir la situación de violencia que mujeres han sufrido como resultado de la tensión del confinamiento obligatorio en los hogares. En distintas zonas del país han sido reportados feminicidios y escenas de violencia que coinciden con el mismo período de encierro prolongado al cual las familias han estado expuestas, casos que poca o ninguna atención han recibido de las instituciones garantes del derecho a la no violencia contra la mujer. Datos oficiales de organizaciones de los derechos de las mujeres revelan que durante la cuarentena ha habido más de 290 denuncias de delitos relacionados a expresiones de violencia contra las mujeres. A eso se suma que, desde el 1 de enero al 6 de abril, fueron registradas 1,302 denuncias.
De igual forma podemos nombrar lugares que no se encuentran en el mapa de los censos poblacionales, ubicados en sectores marginales o rurales compuestos incluso por pueblos originarios donde el bloqueo a la movilidad afecta de mayor forma la obtención de los recursos alimentarios, incluyendo a niños y niñas que posiblemente padecen diversas limitantes de salud o de infraestructura que limiten su acceso a la información y a los programas de alimentación desplegados por las autoridades gubernamentales y locales.
No se puede evitar mencionar la continua problemática del acceso al agua potable en sectores populosos del gran San Salvador y regiones del país que afecta la aplicación de las medidas de higiene en los hogares. Según el portal de Transparencia gubernamental el 74% de los hogares salvadoreños disponen de agua proveniente de una red de suministro, aunque en gran parte de las zonas con cobertura el servicio es intermitente. Solamente un 32% de la población rural tiene acceso a servicios de agua, que no necesariamente es potable.
Sin duda debemos reconocer que esta etapa ha exigido realizar grandes esfuerzos logísticos en un tiempo reducido para lograr abastecer y cubrir de forma principal la alimentación de la población, así como la rápida inversión que implica realizar en el Sistema de Salud, inversión que además a futuro será positiva. Pero este complicado proceso también exige apegarse a los mecanismos y reglas institucionales establecidas para asegurar la transparencia en el uso de los recursos atribuidos en la Emergencia y la efectividad de la respuesta a la demanda de la ciudadanía.
Estos últimos dos meses también se han convertido en una dura prueba para la sensible democracia salvadoreña y para quienes la conforman, incluyendo al Estado salvadoreño, instituciones gubernamentales, partidos políticos, actores de la economía y ciudadanos.
El mandatario de la república salvadoreña, Nayib Bukele, dentro de sus atribuciones ha llamado a los distintos actores políticos a dejar de lado los intereses políticos para atender la pandemia y ha sostenido que la salud y la vida son lo más importante en este momento.
Sin embargo, el rumbo de la crisis se ha definido en algunas de las disposiciones estampadas en una serie de decretos presidenciales. Una de las disposiciones más criticadas por la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de Derechos Humanos e instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos a nivel nacional e internacional, han sido las detenciones de ciudadanos a través de procedimientos y atribuciones otorgadas a las instituciones de seguridad estatales que en algunos casos han excedido el uso de la fuerza. A este punto podemos agregar también el alto nivel de exposición al que han sido objeto los elementos de las fuerzas de seguridad que hasta el momento han registrado en las estadísticas de las autoridades de salud y seguridad hasta 200 elementos contagiados.
Por hoy, en el conflicto de poderes y las atribuciones para declarar la continuidad de medidas sanitarias por medio de un vigente estado de Emergencia, además, de la presión por el reinicio de la actividad económica paralizada desde finales de marzo, el Presidente ha sugerido este 20 de mayo que para dirimir este conflicto de intereses entre órganos del Estado, el gobierno salvadoreño demandará ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos a la Asamblea Legislativa y a la Corte Suprema de Justicia por vulnerar los derechos a la salud y la vida de los salvadoreños, al no permitir que el Gobierno implementara las herramientas y tomara las medidas necesarias para proteger la salud de los salvadoreños y prevenir más contagios.
El Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que la denuncia debe ser presentada contra uno o más Estados Miembros de la OEA que se considere si han violado los derechos humanos, contenidos en la Declaración Americana, la Convención Americana y otros tratados interamericanos. El Presidente de la CIDH, Joel Hernández respondió al anuncio del presidente durante un seminario web, que la Comisión no tiene competencia para conocer ni resolver “controversias” entre diferentes órganos de un mismo Estado.
A pesar del punto que llegan las desavenencias en el juego democrático nacional, el mismo presidente declaró recientemente que El Estado garantizará la salud, la alimentación y la seguridad del pueblo salvadoreño. La lucha por la vida y la salud ante la pandemia, amenaza con extenderse por un largo período, por lo tanto, se hace necesario implementar medidas urgentes y una atención que no sólo debe ser canalizadas desde la óptica del “quedarse en casa”. Sumado a la actual pandemia de salud, las necesidades y carencias sociales de las que padece la mayor parte de la población socaban la capacidad de respuesta del Estado cuya eficiencia exige plantearse un enfoque integral prioritario en derechos humanos debido a la exposición y debilitamiento de un modelo económico y político al que nuestro país ha estado sometido por décadas.
